Una vez más, su lógica se reproduce frente a los ojos de todos. Hoy, cada habitante es un invitado preferencial a ver cómo, éste, reparte los roles a interpretar en el ámbito de los medios de difusión. Así, quienes ostentan la información (que debería ser difundida para fomentar un público ciudadano), tras años de haberla tratado como mercancía vendible al mejor postor (lo que resultó en noticias publicables o no según las ordenes del que paga), hoy son defensores de una supuesta libertad de prensa. Y saturan la TV, la radio, los diarios, con el tratamiento de la nueva ley de radiodifusión. Ya no hay injusticias sociales, ya no hay corrupción para difundir. Entonces, lo que parece una férrea pelea entre el gobierno y los grupos mediáticos, parece terminar perjudicando a quienes sufren el poder de ambos. Y se termina de descubrir qué es lo importante para ambos bandos, o qué no lo es.
Mientras en la Tv, la imagen muestra a un senador disertando acerca de las bondades de una nueva ley democrática de radiodifusión y el conductor de turno, del noticiero de las 24 horas, opina de lo que acaba de escuchar, trabajadores de una fabrica en Buenos Aires y desocupados en Chaco son reprimidos. El canal rápidamente, brinda la información, cumple con anunciar la novedad. Pero no hay análisis, no hay investigación, no hay denuncia. Parecería que los hechos emergen, brotan, pero se desconoce por qué.
Desde el gobierno se derrocha esfuerzo publicitario, en supuesto favor de los Derechos Humanos, para tener una radiodifusión diversificada, plural y democrática. Pero del otro lado, los que aún no tienen voz ni espacio, monopolizan el hambre y la falta de educación formal, que podría satisfacerse con el dinero que el gobierno planea pagar al club de París, honrando la deuda ilegitima de la última dictadura militar. Es decir que en éste caso se tienen los medios, pero no se los usa a favor de los Derechos Humanos.
Son tiempos en los que los medios se vuelven el contenido, en los que el negocio es lo que se negocia…
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